Defensa · Acusación particular
Defensa rigurosa y acompañamiento de víctimas con discreción absoluta.
Procedimientos por agresión sexual, abusos a menores, ciberacoso, pornografía infantil. Conocimiento profundo de la reforma LO 10/2022 y de la posterior LO 4/2023. Confidencialidad protegida por secreto profesional desde el primer contacto. Atención directa del titular.
Nuestro despacho aplica protocolos reforzados de confidencialidad: comunicaciones cifradas, archivos físicos en caja fuerte, atención por videoconferencia segura si se prefiere. En delitos sexuales, podemos solicitar al juzgado medidas adicionales de protección de la identidad. Lo que nos cuente queda dentro del despacho.
En estos procedimientos asumimos cualquier posición procesal. La metodología cambia; el rigor técnico y la discreción son idénticos en ambos casos.
Si está siendo investigado, ha recibido una citación judicial o ha sido detenido, las primeras decisiones marcan el procedimiento entero. Trabajamos desde el primer minuto:
Si ha sufrido un delito sexual, le acompañamos en cada paso del procedimiento, respetando su tiempo y su decisión. La acusación particular permite:
Tras la LO 10/2022 ("sólo sí es sí") y la posterior LO 4/2023 (contrarreforma), el régimen de los delitos contra la libertad sexual cambió radicalmente.
La reforma de 2022 incorporó al Código Penal una definición legal del consentimiento: "sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". La consecuencia técnica es directa: el silencio o la ausencia de oposición no equivalen a consentimiento. La defensa basada en pasividad o ausencia de resistencia tiene escaso recorrido.
Antes de 2022 se distinguía entre abuso sexual (sin violencia o intimidación) y agresión sexual (con violencia o intimidación). La LO 10/2022 unificó ambas figuras bajo la denominación única de "agresión sexual". La concurrencia de violencia o intimidación pasó de ser un elemento del tipo a un subtipo agravado.
Ante la rebaja de penas que provocó la aplicación retroactiva de la LO 10/2022 (principio del art. 2.2 CP), la LO 4/2023 endureció el régimen sancionador. Se introdujo el art. 179.2 CP: si la agresión con acceso carnal se comete con violencia, intimidación o anulación de la voluntad, la pena pasa a 6-12 años (vs. 4-12 del art. 179.1). También se ajustaron los marcos del art. 180 CP.
La aplicación de la norma depende de cuándo se cometió el delito:
El Pleno de la Sala 2ª del TS de 7 de junio de 2023 unificó criterios sobre la revisión de sentencias firmes, rechazando los recursos de la Fiscalía que pretendían incrementar las penas (entre otras, STS 487/2023, 529/2023, 536/2023).
Cualquier acto que atente contra la libertad sexual sin consentimiento. Pena: prisión de 1 a 4 años. Si concurre violencia, intimidación o anulación de la voluntad (art. 178.3 CP), la pena pasa a 1-5 años. El art. 178.4 prevé un tipo atenuado si la entidad del hecho y las circunstancias del culpable lo justifican.
Acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por las dos primeras vías. Pena: 4 a 12 años (art. 179.1); 6 a 12 años si concurre violencia, intimidación o anulación de la voluntad (art. 179.2). La STS 454/2021 precisa que basta con el acceso a la zona interna sexual de la víctima para que concurra el tipo.
Las penas se elevan a su mitad superior cuando concurra alguna circunstancia:
Cuando concurren dos o más circunstancias, la pena se impone en la mitad superior de la mitad superior, pudiendo alcanzar 15 años.
Cualquier acto de carácter sexual con un menor de 16 años se castiga con prisión de 2 a 6 años (art. 181.1 CP), agravado a 5-10 años con las modalidades del art. 178.2 y 3, y hasta 15 años con las circunstancias del art. 180. La edad de consentimiento es 16 años, salvo el "Romeo-Juliet exception" del art. 183 quater CP (consentimiento libre de menor próximo en edad y madurez).
Contactar con un menor de 16 años a través de tecnologías de la información para concertar un encuentro con propósito sexual. Pena: 1 a 3 años, agravada con coacción, intimidación o engaño. La STS 297/2024 sistematiza los elementos objetivos y subjetivos del tipo.
Producción, distribución, exhibición, posesión y facilitación de pornografía donde aparezcan menores o personas con discapacidad. Penas de 1 a 5 años, agravadas hasta 9 años en supuestos con menor de 16 años o uso de violencia.
Solicitud de favores de naturaleza sexual en el ámbito laboral, docente o de prestación de servicios continuados, provocando una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante. Pena básica: prisión de 6 a 12 meses o multa. Agravado si hay prevalimiento de superioridad.
Actos de exhibición obscena ante menores o personas con discapacidad; venta, difusión o exhibición de material pornográfico a estos colectivos. Penas de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses.
Captación, transporte o acogida con violencia, engaño o abuso para explotación sexual. Penas de prisión de 5 a 8 años, agravadas a 8-12 años si las víctimas son menores o concurren circunstancias específicas.
Régimen aplicable a hechos cometidos desde el 29 de abril de 2023.
Las reformas más recientes y la doctrina del Tribunal Supremo que orientan la práctica actual.
"Sólo sí es sí". Reordenó por completo los delitos contra la libertad sexual. Unificó agresión y abuso, introdujo el consentimiento como eje del tipo y reformó los marcos punitivos.
Endureció el régimen sancionador tras la rebaja masiva de penas por retroactividad. Añadió el art. 179.2 CP (6-12 años en violación con violencia o intimidación) y ajustó marcos del art. 180 CP.
El Pleno acordó rechazar los recursos de Fiscalía que postulaban incremento de penas (entre otras, STS 487/2023, 529/2023, 536/2023). Confirmó la aplicación del principio de retroactividad de la norma más favorable.
El Tribunal Supremo confirma la rebaja de pena de 7 a 6 años de prisión a dos condenados por violación, en aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable (art. 2.2 CP).
Doctrina relevante incluso tras la reforma: "las sucesivas penetraciones, cuando la víctima ya ha revocado su consentimiento inicial, colman el tipo penal previsto en el art. 178 del CP". El consentimiento puede revocarse en cualquier momento.
Precisa que "la agresión sexual se producirá en parte interna de la zona sexual femenina cuando rebase el plano de horizontalidad de esa zona sexual". Basta acceso parcial para que concurra el tipo del art. 179 CP.
Sistematiza los elementos objetivos y subjetivos del tipo del art. 183 ter 1º CP: contacto a través de tecnología, propósito de encuentro sexual, intencionalidad clara y víctima menor de 16 años.
Doctrina reciente sobre la concurrencia de agresión sexual a menor de 16 años con prevalimiento de relación de superioridad. Aplicación del marco más severo del art. 181 CP.
Confirma la aplicación automática de libertad vigilada e inhabilitación especial (art. 192 CP) en agresiones sexuales, incluso con víctimas con discapacidad. Las accesorias pesan tanto como la pena principal.
Pauta de actuación del Ministerio Fiscal tras la reforma del "sólo sí es sí". Vinculante solo para fiscales, no para jueces. Importante para entender la postura acusatoria que cabe esperar.
Una condena por delito sexual no se mide solo en años de prisión. El art. 192 CP impone consecuencias adicionales con efectos durante décadas.
De 5 a 10 años. Se ejecuta tras el cumplimiento de la pena de prisión. Incluye obligaciones de comparecencia periódica, prohibición de aproximación, control telemático, tratamiento médico o psicológico.
Cuando la víctima es menor de edad, se impone inhabilitación absoluta para cualquier profesión, oficio o actividad, retribuida o no, que conlleve contacto regular con menores. Duración: entre 3 y 5 años más que la pena principal.
La inscripción es automática y los antecedentes se exigen para acceder a profesiones que impliquen contacto con menores (docente, sanidad pediátrica, actividades extraescolares, etc.). La cancelación está sometida a plazos largos y a requisitos específicos.
El juez impone con carácter ordinario la prohibición de aproximarse a la víctima a determinada distancia y de comunicar con ella por cualquier medio. El incumplimiento es delito autónomo (art. 468 CP).
Comprende indemnización por daños morales y, en su caso, físicos. La cuantificación se realiza conforme al baremo de tráfico aplicado analógicamente, con factores correctores por la naturaleza del delito.
Si tiene un procedimiento abierto o ha sufrido un delito sexual, la primera consulta es gratuita y confidencial. Le atendemos con la discreción que estos asuntos requieren.
Tras la LO 10/2022 y la LO 4/2023, se considera agresión sexual cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento (art. 178 CP). La reforma eliminó la distinción entre "abuso" y "agresión": lo determinante es la ausencia de consentimiento, no la presencia de violencia o intimidación. El consentimiento se define como manifestación libre mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona.
Según el art. 179.1 CP, la agresión sexual con acceso carnal (vaginal, anal o bucal) o introducción de miembros corporales u objetos se castiga con prisión de 4 a 12 años. Si concurre violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima, el art. 179.2 CP eleva la pena a prisión de 6 a 12 años. Cuando concurren circunstancias del art. 180 CP, las penas pueden alcanzar los 15 años.
El art. 180.1 CP establece las circunstancias agravantes: actuación conjunta de dos o más personas, especial vulnerabilidad de la víctima por edad, enfermedad, discapacidad o situación, relación de parentesco o superioridad, uso de armas o medios peligrosos, carácter degradante o vejatorio, violencia extrema. Cuando concurren dos o más circunstancias, la pena se impone en la mitad superior.
Lo primero, acudir a un centro sanitario para la asistencia médica y, si es posible, conservar la prueba forense (no ducharse, no cambiarse de ropa, no limpiar el lugar). Después, presentar denuncia ante Policía Nacional o Guardia Civil. Existen Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). Acuda a un abogado penalista cuanto antes para ejercer la acusación particular, que le permite proponer prueba, dirigir el procedimiento y reclamar la indemnización. Atendemos con confidencialidad absoluta.
El ciberacoso sexual a menores (art. 183 ter CP), conocido como "child grooming", consiste en contactar con un menor de 16 años mediante tecnologías de la información para concertar un encuentro con propósito sexual. Se castiga con prisión de 1 a 3 años, agravada si se emplea coacción, intimidación o engaño. La STS 297/2024 sistematiza los elementos objetivos y subjetivos del tipo.
El plazo depende de la pena máxima del tipo (art. 131 CP). En delitos sexuales contra menores, el plazo no empieza a computar hasta que la víctima cumple 35 años (art. 132.1 CP, redacción tras LO 8/2021). La agresión sexual básica (art. 178) prescribe a los 5 años; la violación (art. 179) a los 15 años; los tipos hiperagravados son imprescriptibles en algunos supuestos.
Es el elemento central del tipo tras la reforma. El art. 178.1 CP define que "sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". El silencio o la ausencia de oposición no equivalen a consentimiento. En defensa, la estrategia debe centrarse en la prueba de actos claros que lo expresen. En acusación, en demostrar la ausencia.
Sí, salvo que la pena solicitada por la acusación supere los 6 años. La conformidad puede suponer una rebaja de un tercio de la pena. En delitos sexuales, la conformidad debe valorarse con extrema prudencia: implica el reconocimiento de los hechos y conlleva penas accesorias como la inhabilitación profesional, la libertad vigilada (art. 192 CP) y la inscripción en el Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS).
Además de la pena de prisión, el art. 192 CP impone con carácter general: libertad vigilada de 5 a 10 años, inhabilitación absoluta para empleos que impliquen contacto regular con menores, inscripción en el Registro Central de Delincuentes Sexuales (efectos a la hora de obtener empleos públicos y privados), prohibición de aproximación y comunicación con la víctima. Estas medidas son automáticas y pesan más que la propia pena en la vida posterior.
Toda la comunicación está protegida por el secreto profesional del art. 542.3 LOPJ y por el art. 199.2 CP, cuya vulneración constituye delito. En nuestro despacho aplicamos protocolos adicionales: comunicaciones cifradas, archivos físicos en caja fuerte, salas de reunión privadas, atención por videoconferencia segura si se prefiere. En procedimientos por delitos sexuales, podemos solicitar al juzgado medidas adicionales de protección de la identidad de la víctima.
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